El Gobierno mexicano promulgó este martes oficialmente la nueva Ley de Migración aprobada en el Congreso y que espera frenar las violaciones a los derechos humanos que sufren los indocumentados a su paso por el país. El evento se realizó en la residencia oficial de Los Pinos con la presencia del presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, presidenta del Sistema DIF Nacional.
La nueva Ley otorga la obligatoriedad de los tres niveles de Gobierno (federal, estatal, municipal) de coordinarse y combatir la corrupción entre los agentes migratorios con controles de confianza.
Asimismo el nuevo marco jurídico contempla sanciones para aquellos responsables migratorios que violen los derechos de los migrantes y la eliminación de disposiciones que propiciaban la corrupción de los servidores públicos y la extorsión.
Con la nueva Ley de Migración se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de otras leyes para dar cuerpo a un sólo instrumento jurídico, en el que se contiene ahora el marco institucional de la política del Estado mexicano en materia migratoria.
Al respecto la Diputada Federal por Jalisco, Joann Novoa, reconoció el trabajo del Ejecutivo y de todas las fuerzas políticas que le dieron forma a este nuevo marco jurídico.
Recordó que la nueva Ley de Migración plantea un respeto irrestricto de los derechos de los mexicanos y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria.
La nueva legislación eleva a rango de ley al Instituto Nacional de Migración, el cual será la instancia encargada de instrumentar y ejecutar la política migratoria en nuestro país.
Puntos relevantes que contempla la nueva Ley de Migración:
1.-Regula el ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos
2.- Regula el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo.
3.- Propone un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos.
4.- Define al Instituto Nacional de Migración como el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos que expida la misma Secretaría.
5.- Establece la certificación de los servidores públicos del Instituto, la cual deberá realizar el Centro de Evaluación y Control de Confianza, con el que se obligará a sus colaboradores a cursar y aprobar programas de formación, capacitación y profesionalización para su ingreso y permanencia, debiendo actuar invariablemente bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos de los migrantes.
6.- Tipifica el delito de tráfico de indocumentados y se incluye como agravante el inducir, procurar, facilitar u obligar a niñas, niños y adolescentes o a quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho.
7.- El delito de tráfico de indocumentados habrá de perseguirse de oficio.
8.- Incorpora como conducta delictiva el hecho de que cualquier servidor público auxilie, encubra o induzca a cualquier persona a violar las disposiciones contenidas en la Ley, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro en dinero o en especie.
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